La orden de prisión preventiva contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se materializó este jueves en dos escenarios distintos, en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el caso de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, la detención se produjo luego de que decidiera entregarse voluntariamente en la noche del jueves, tras conocerse la decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías. Velasco se presentó ante las autoridades en la sede del Inpec en Cali, donde quedó a disposición del sistema penitenciario.
La medida de aseguramiento en centro carcelario está relacionada con su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos, dentro de una estructura que, según la Fiscalía, buscaba asegurar apoyos políticos en el Congreso.
Por su parte, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue capturado en plena audiencia judicial, a la que asistía de manera presencial en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, ubicados en el occidente de la capital. Hasta el lugar llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y de la Policía Judicial, quienes procedieron a hacer efectiva la orden de detención.
Según la investigación, Bonilla y Velasco habrían convocado y asistido a reuniones, impartido órdenes y realizado seguimiento directo para que proyectos de inversión del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la UNGRD fueran asignados a determinados congresistas, con el objetivo de garantizar su voto y respaldo a iniciativas y reformas del Gobierno en trámite en el Legislativo.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, encargado de la macroinvestigación, identificó tres momentos clave en los que se habrían configurado las conductas ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron de forma indebida en 79 contratos —74 de Invías y 5 de la UNGRD— por un valor total de 612.237 millones de pesos. De estos, siete contratos se concretaron y habrían sido orientados conforme a los intereses de la presunta red.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, habrían intercedido en tres contratos de la UNGRD destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un monto de 86.619 millones de pesos. Aunque estos contratos no se materializaron, la Fiscalía indicó que los congresistas presuntamente beneficiados aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla y Velasco habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la UNGRD en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado, aunque este proceso tampoco llegó a concretarse.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a ambos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó los cargos.
Con estas capturas, el caso UNGRD se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno y mantiene bajo investigación a altos exfuncionarios y congresistas por el presunto uso de recursos públicos para asegurar mayorías políticas.
