El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobó la apertura de una actuación administrativa para revisar el proceso de designación de Leyton Barrios como rector de la institución para el periodo 2025–2029. La decisión surge luego de que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) expusiera posibles irregularidades en una certificación presentada por Barrios, relacionada con su experiencia en docencia universitaria.
La sesión, que se extendió por diez horas, evaluó dos propuestas. La primera, identificada como Propuesta A, planteaba iniciar una actuación administrativa para dar respuesta a la solicitud de revocatoria directa del acto de designación, en aplicación del artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. La segunda, Propuesta B, proponía remitir al rector los documentos aportados por el MEN para que este realizara su propia valoración y tomara las decisiones correspondientes.
La Propuesta A obtuvo la mayoría con cinco votos a favor, emitidos por Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Melissa Obregón, representante del presidente de la República; Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN; Marley Vanegas, representante de los profesores; y Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores.
Por su parte, la Propuesta B recibió cuatro votos de los representantes estudiantil, de egresados, de las directivas académicas y de los gremios.
El gobernador Eduardo Verano, quien preside el Consejo Superior, destacó que esta medida busca garantizar transparencia, fortalecer la autonomía universitaria y asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas. Asimismo, ordenó al secretario jurídico departamental, Rachid Náder Orfale, remitir a las autoridades competentes los informes presentados por el MEN sobre las presuntas falsedades y adelantar las acciones administrativas y judiciales necesarias para revisar la validez del nombramiento.
Con este paso, la Universidad del Atlántico inicia un proceso que permitirá esclarecer el procedimiento de designación del rector y asegurar que todas las actuaciones se ajusten estrictamente al marco legal y a los principios de transparencia institucional.
