La Contraloría General de la República configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $14.180 millones en un programa del Ocad que tenía como propósito impulsar proyectos de innovación en el sector agroindustrial del Atlántico.
El caso fue revelado por la Revista Cambio, que señaló que buena parte de los recursos terminaron en compañías dedicadas a servicios de salud o logística, ajenas al foco agroindustrial establecido.
En 2019, el Ocad de Ciencia y Tecnología del Atlántico aprobó el proyecto denominado ‘Fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustria en el departamento’, por un valor total de $15.050 millones, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).
La Gobernación del Atlántico contrató para su ejecución a la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), creada en 2016 y con experiencia en servicios a entidades públicas. La implementación inició el 1.º de diciembre de 2020 y Funcesi recibió $14.385 millones para operar el programa.
El proyecto contemplaba capacitaciones a las empresas beneficiarias y la entrega de ‘vouchers de innovación’: bonos de $40 millones para ser invertidos en una bolsa de 40 proveedores de tecnología e innovación previamente seleccionados.
Los requisitos de participación incluían acreditar domicilio en el Atlántico, tener actividad económica relacionada con el sector agroindustrial y demostrar solvencia jurídica.
Sin embargo, la Contraloría determinó que 79 de las 82 empresas beneficiadas no pertenecían al sector agroindustrial, según consta en el Registro Único Tributario (RUT), lo que constituye el núcleo del presunto detrimento.
