El Consejo de Estado negó por segunda vez al Instituto Nacional de Vías (Invías) una acción de tutela con la que buscaba levantar las medidas cautelares que suspendieron el cobro de la contribución por Valorización en la Vía al Mar. La decisión, adoptada el 11 de diciembre, ratifica que no es posible aplicar el cobro hasta que exista una decisión judicial en firme.
Según el alto tribunal, Invías no logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención de la corporación. En su pronunciamiento, el Consejo de Estado señaló que la entidad limitó sus argumentos a un impacto económico, al indicar que tendría que asumir gastos no presupuestados que afectarían otros proyectos de inversión. Sin embargo, precisó que esta situación no configura un perjuicio irremediable en los términos exigidos por la tutela.
Cabe recordar que el pasado 22 de agosto, el Consejo de Estado ya había declarado improcedente otra tutela interpuesta por Invías por este mismo cobro, razón por la cual se mantiene vigente la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
La medida cautelar fue decretada tras una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel, quien argumentó una posible vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Entre los señalamientos expuestos se encuentran que no se elaboró ni publicó un censo predial técnico y actualizado, que la metodología para determinar la base gravable no fue debidamente socializada, y que el proyecto fue presentado como doble calzada, pero más del 60 % de la obra se ejecutó como calzada sencilla.
La acción popular fue coadyuvada por los Distritos de Barranquilla y Cartagena, las Gobernaciones del Atlántico y Bolívar, así como por los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Santa Catalina.
