El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía, radicó ante el Congreso el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una ambiciosa propuesta que pretende reformar de manera estructural el sistema eléctrico nacional, reducir las tarifas para los usuarios y avanzar hacia una transición energética equitativa.
De ser aprobada, la iniciativa modificaría las Leyes 142 y 143 de 1994, con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades sociales, ambientales y tecnológicas del país.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, afirmó que se trata de “un paso histórico para democratizar la energía en Colombia”, impulsando una regulación al servicio de la gente.
El proyecto parte del diagnóstico de que el actual esquema regulatorio ha priorizado la rentabilidad empresarial sobre las necesidades de los usuarios. En respuesta, el Gobierno plantea un nuevo modelo basado en equidad, sostenibilidad y participación ciudadana.
Entre las medidas más destacadas están:
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Tarifas equitativas y diferenciadas para usuarios vulnerables e industrias verdes.
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Prohibición de cobros ajenos al servicio en las facturas de energía.
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Transparencia y claridad en la facturación.
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Subsidios focalizados que garanticen la llegada de los recursos públicos a quienes más los necesitan.
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Mecanismos de estabilización tarifaria para mitigar la volatilidad de precios y los efectos del cambio climático.
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Fondos del 2 % de las ventas brutas de grandes generadoras hidroeléctricas, destinados a municipios afectados por represas, para financiar proyectos sociales y combatir la pobreza energética.
Uno de los puntos más innovadores es la reforma de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que ampliará su composición para incluir un representante de los usuarios, uno del sector sindical y un experto académico en temas energéticos.
El proyecto también propone corregir distorsiones tarifarias, entre ellas las generadas por la Opción Tarifaria implementada durante la pandemia. En este sentido, plantea que los estratos 5 y 6, junto con los usuarios no residenciales y grandes consumidores, asuman solidariamente la deuda acumulada por los estratos 1, 2 y 3, con el fin de aliviar las cargas de los sectores populares.
Asimismo, se crearán esquemas tarifarios diferenciales que beneficien a los hogares de menores ingresos y tarifas especiales para industrias limpias, con el propósito de fomentar la economía verde y la generación de empleo en las regiones energéticas.
Con esta reforma, el Gobierno busca fortalecer la justicia energética, garantizar el acceso equitativo a la electricidad y reafirmar los compromisos del país en transición energética y adaptación al cambio climático.
