El agente Especial, Edwin Palma presentó el primer informe diagnóstico de la compañía con fines administrativos, el cual consta de 704 páginas, el documento que contiene, en ocho puntos principales, la consolidación de la situación de la compañía, sobre todas las áreas que la conforman, a la fecha de la toma de posesión.
Entre los hallazgos se encuentran contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio. De la situación contable y financiera se logró concluir que la empresa enfrenta un deterioro patrimonial severo, el cual se refleja en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago, recalcó Palma Egea.
El informe destaca que por cuarto año consecutivo, el resultado financiero acumulado no generó utilidad, lo que evidenció una incapacidad para generar los recursos necesarios que lograran garantizar la operación de la compañía.
Ante los problemas financieros, se encontraron procesos de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de obligaciones a los diferentes agentes del mercado eléctrico. Se destaca que para el tercer trimestre del año 2024 se presentó un incremento en la exposición a bolsa debido al incumplimiento de los contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a reducir su cobertura en contratos en un 50%.
El incumplimiento en el Plan de Inversiones aprobado por la CREG para las vigencias 2023 y 2024, impacta negativamente el reconocimiento tarifario (Componentes D) e imposibilita el reconocimiento de las pérdidas reales en el componente de pérdidas (Componente Pr).
Adicionalmente, como se incumplió la senda de pérdidas de 2024 que había sido acordada con la CREG, se suspenderá el reconocimiento del plan de pérdidas para el año 2025. Esto significa un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, implicaría que la empresa tenga que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los 400 mil millones de pesos.
La Agencia encontró que se estableció una solicitud de consignaciones y descargos (interrupciones programadas) para un listado de circuitos determinado. Esta planificación, careció de justificación técnica y, por el contrario, era informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión. Esta determinación ocasionó entre otros aspectos técnicos falsos ahorros operativos.
