La Procuraduría General de la Nación cuestionó la falta de un plan estructurado en el proceso de intervención con fines de liquidación de la empresa Air-e, actualmente bajo la tutela del Gobierno nacional.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, explicó que, hasta el momento, no se ha presentado un cronograma definido, un plan de acción ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención.
Indicó que la ausencia de una hoja de ruta clara pone en riesgo tanto a la continuidad del servicio como la estabilidad del sistema energético del país: «Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa», subrayó.
El ente de control solicitó al agente interventor, Edwin Palma, presentar el informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, así como los documentos que den cuenta de los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, que supera -según afirmó- los $107 mil millones para cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa.
También se requirió información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de Air-e con los generadores de energía.
Como medida de seguimiento, el Ministerio Público convocará a una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, y otros actores clave del sector. Lo anterior, según se afirmó, con el objetivo de definir cómo se financiará la intervención, los plazos para la misma y el plan de acción del Gobierno nacional respecto a la empresa Air-e.
