Como parte de las acciones de control y lucha contra el hurto de energía, la empresa Air-e Intervenida detectó cuatro nuevos casos de fraude en sectores comerciales y residenciales de Barranquilla y Soledad, además de irregularidades en los departamentos de Magdalena y La Guajira.
En Barranquilla, el primer hallazgo se registró en un hotel del barrio El Tabor, en inmediaciones de la calle 94 con carrera 42F, donde se encontró un equipo de medida manipulado. A este caso se suma el de un comercio de calzado en el Centro, en el cual se detectó un medidor que no pasó las pruebas técnicas.
En Soledad, un local de venta de celulares y accesorios ubicado en el barrio Ciudadela Metropolitana contaba con un medidor electrónico con puentes internos, mecanismo utilizado para evadir el pago real del consumo.
Otro de los casos se presentó en una cantera en la vía hacia Puerto Colombia, donde los técnicos hallaron un servicio directo con medidor, irregularidad que también constituye hurto de energía.
Casos en Magdalena y La Guajira
En el departamento del Magdalena, se detectaron dos casos adicionales: uno en un restaurante del barrio Centro de Santa Marta, donde había servicio directo sin medidor, y otro en el establecimiento Dan Dan, ubicado en La Central de Ciénaga, con medidor electrónico manipulado y sellos alterados.
Por su parte, en La Guajira, la empresa reportó un equipo de medida con signos de manipulación en el sector de Hormigueral, en Villanueva, y un servicio directo sin medidor en Oreganal, Barrancas, donde funciona un local que presta servicios de salud.
Pérdidas y sanciones
Según Air-e Intervenida, estos nuevos casos de defraudación de fluidos han ocasionado pérdidas económicas superiores a los 225 millones de pesos en los últimos cuatro meses.
La compañía recordó que el hurto de energía es un delito, y quienes incurran en estas prácticas pueden enfrentar multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) y penas de prisión de hasta seis años, según lo establece la legislación colombiana.
Air-e reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades para identificar, sancionar y judicializar a quienes alteren los equipos o manipulen las redes eléctricas, afectando la prestación del servicio y la seguridad de las comunidades.
