Como “un acuerdo corrupto” calificó el juez 14 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, la presunta estrategia del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos para acceder a contratos con la Gobernación del Atlántico en beneficio propio y de su entonces pareja, Daysuris Vásquez Castro.
El pronunciamiento del togado se dio durante la audiencia en la que decidió no imponer medida de aseguramiento contra el exdiputado, en el marco de un proceso relacionado con contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Según el juez, los convenios se habrían tramitado con el acompañamiento de Raúl Lacouture, quien para la época de los hechos (2021-2022) se desempeñaba como secretario general de la Gobernación. En su análisis, el togado sostuvo que Nicolás Petro habría actuado como interviniente dentro de un entramado cuyo propósito era el beneficio económico particular.
“Nicolás aparece como interviniente asociado a un acuerdo corrupto”, señaló el juez, al tiempo que indicó que Lacouture habría desviado su poder como servidor público, priorizando intereses privados sobre el interés general que estaba obligado a proteger.
Para el despacho, el objetivo central de la presunta maniobra era “obtener la apropiación de recursos públicos para su propio patrimonio”, interés que, según el juez, quedó evidenciado en chats fechados el 6 y 9 de agosto de 2021, así como en reportes posteriores que Daysuris Vásquez le habría entregado a Petro.
El juez consideró que el interés de los involucrados no era otro que beneficiarse de los pagos derivados de los contratos, los cuales, presuntamente, serían distribuidos conforme a lo acordado en los mensajes analizados durante la audiencia.
En su argumentación, el togado justificó la configuración del delito de interés indebido en la celebración de contratos en relación con los convenios firmados por la fundación Fucoso, señalando que Raúl Lacouture sería el autor con la calidad exigida por el tipo penal, mientras que Nicolás Petro y Daysuris Vásquez habrían participado como intervinientes.
Dentro de este proceso, Nicolás Petro Burgos es investigado por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
De manera paralela, el exdiputado enfrenta otro proceso judicial que avanza en audiencias preparatorias de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, relacionados con hechos ocurridos durante la época en que su padre era candidato presidencial.