La Contraloría General de la República reveló hallazgos administrativos y fiscales por $16.382 millones en el proceso de compra de la Hacienda Simba, ubicada en el departamento de Sucre, adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los resultados corresponden a la atención de una denuncia ciudadana relacionada también con los predios La Laguna y Potosí.
Según el informe presentado por la Delegada para el Sector Agropecuario y avalado por el Comité de Evaluación Sectorial, se identificaron dos hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal, asociados exclusivamente a la adquisición de la Hacienda Simba.
De acuerdo con el órgano de control, en abril de 2024 la ANT firmó una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de $27.304 millones, realizando un anticipo del 60 %, equivalente a $16.382 millones. Sin embargo, más de 18 meses después, el predio no ha sido escriturado ni transferido a nombre de la entidad.
La Contraloría advirtió que esta situación representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, ya que la ANT no puede registrar el bien como activo, ni incorporarlo formalmente al patrimonio público. Además, la falta de perfeccionamiento del dominio impide la adjudicación del predio a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral, lo que afecta directamente la misionalidad de la entidad.
El informe también señala que el procedimiento de compra no se ajustó al marco normativo vigente, al omitirse etapas clave de validación técnica, jurídica y social. A esto se suma un cambio sustancial en la destinación del predio, pues inicialmente estaba destinado a comunidades campesinas, pero posteriormente la ANT realizó una entrega provisional de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas, sin que mediara acto administrativo ni ajuste presupuestal que respaldara esa modificación.
Para la Contraloría, este cambio podría constituir una desviación de la finalidad del gasto público, al utilizarse un rubro presupuestal específico para campesinos en un proyecto con un propósito distinto. El ente de control recalcó que la entrega provisional no reemplaza los requisitos legales ni garantiza la incorporación del predio al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, único autorizado para administrar y contabilizar estos activos.
Finalmente, la Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la formulación inmediata de un Plan de Mejoramiento, con el fin de subsanar las irregularidades detectadas, fortalecer los controles internos y asegurar que las futuras adquisiciones de tierras se realicen bajo criterios de planeación, legalidad, transparencia y eficiencia, evitando así la afectación de recursos públicos y la pérdida de confianza en la gestión de la Reforma Rural Integral.
