La Fiscalía General de la Nación imputó este martes al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, dentro del escándalo por la licitación de los pasaportes. La diligencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao, donde el exministro participó de manera virtual.
“No acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”, afirmó Leyva tras conocer la formulación hecha por el ente acusador.
Según la Fiscalía, el exfuncionario habría incurrido en irregularidades al expedir tres resoluciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante las cuales declaró desierta la licitación, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons —único oferente habilitado— cumplía con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos.
Defensa de Leyva: “No hubo capricho ni arbitrariedad”
El abogado defensor, Roberto Badel, aseguró que la Fiscalía busca presentar como arbitrario el actuar del excanciller. Sostuvo que la intención de Leyva no fue desconocer la ley, sino promover la pluralidad de oferentes en un proceso que, según dijo, debía contar con más competidores.
“La Fiscalía pretende hacer creer que es caprichoso el señor Leyva al declarar desierta la licitación, cuando lo que buscaba era ampliar la participación”, señaló Badel, quien insistió en que su cliente “no se apartó de la ley”.
El defensor enfatizó que demostrarán en el proceso que Leyva “no fue grotesco ni arbitrario, y que no existe un solo hecho de corrupción que sustente las acusaciones del ente investigador”.
La investigación continúa mientras el país sigue atento al desenlace de uno de los casos más sensibles para la política exterior del Gobierno.
