El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Barranquilla admitió una acción de tutela interpuesta por el representante Gersel Pérez y las Comunidades Étnicas del Atlántico contra el cobro de valorización en la vía Barranquilla – Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad.
Se otorgó un plazo de dos días a las entidades accionadas para que rindan un informe detallado sobre los hechos que se relacionan en la solicitud y envíen los documentos que lo sustentan. Posterior a ello, en un término no superior a 10 días, el juez deberá tomar una decisión de fondo al respecto.
Las entidades accionadas son el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Étnicos, Invías y la ANI.
Pérez y las comunidades étnicas solicitan la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rom de los territorios del área de influencia de la valorización de esta vía, ya que alegan no haber sido partícipes de las consultas previas.
En la tutela también se solicitó la suspensión de las resoluciones 1729 de 2023, 2615 de 2024 y 3856 de 2024, hasta que no se haga la consulta previa como derecho fundamental de las comunidades étnicas asentadas en las zonas de influencia de las vías.
«Esta admisión de tutela representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de nuestras comunidades étnicas. La omisión de la realización de la consulta previa como derecho fundamental y desarrollada en la Ley 21 de 1991, no solo vulnera un derecho esencial, sino que también debilita la participación activa y la autodeterminación de nuestras comunidades», afirmó el representante.
